Ante las continuas quejas por su paralización, nos hemos puesto en contacto con la gerencia para exigir explicaciones, y la respuesta obtenida no hace más que encender todas nuestras alarmas. Según nos trasladan desde la administración, el servicio se ha visto interrumpido de golpe a raíz del requerimiento formal de un propietario, el cual exigió la documentación oficial y los permisos del vehículo. Al revisar los papeles, se destapa la caja de los truenos: ni la cabeza tractora ni los vagones cuentan supuestamente con los certificados de homologación ni las revisiones técnicas reglamentarias para el transporte de personas.

Ante el temor a posibles sanciones, la Administradora ha optado por la vía más cómoda para ellos: suspender el servicio de inmediato en lugar de asumir su responsabilidad. Y es que, cuando desde nuestra Asociación exigimos soluciones urgentes y su reposición, la respuesta de la gerencia es siempre la misma: se escudan en que «no hay presupuesto» o en que existen trabas técnicas insalvables para adecuar los vagones.

¿Cómo es posible que un complejo de estas dimensiones mantenga este nivel de dejadez en un servicio tan vital? Resulta difícil tragar con la excusa de la falta de fondos cuando se trata de garantizar la accesibilidad y el bienestar de quienes sostenemos este camping con nuestras cuotas. Escudarse en la legalidad ahora —después de años de mirar hacia otro lado en el mantenimiento y control de los recursos comunes— demuestra una absoluta falta de previsión y sensibilidad.

No podemos consentir que la movilidad y la comodidad de nuestros mayores se sacrifiquen de esta manera por la ineficacia de una administración que prefiere suprimir lo que funciona antes que buscar soluciones reales. Seguiremos vigilantes y exigiendo lo que por derecho corresponde a la comunidad.